Jueza niega pedido para que caso de Guido Perugachi pase a la justicia indígena
La Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra resolvió este viernes 10 de julio negar el pedido de declinación de competencia presentado por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), mediante el cual se pretendía que el proceso judicial contra el dirigente indígena Guido Perugachi fuera conocido por la jurisdicción indígena.
Con esta decisión, la Fiscalía General del Estado continuará con la investigación por el presunto delito de paralización de un servicio público, relacionado con las protestas registradas en septiembre de 2025 en la provincia de Imbabura.
La jueza determinó que no se cumplen todos los requisitos
La diligencia fue presidida por la jueza Mery Maza, quien explicó que la Corte Constitucional establece dos requisitos para que proceda la declinación de competencia hacia la justicia indígena:
La legitimidad de la autoridad indígena que solicita la competencia.
La existencia de un proceso previo de justicia indígena seguido contra la misma persona y por los mismos hechos.
La magistrada concluyó que el primer requisito sí fue acreditado, al constar la pertenencia de Perugachi a la comuna Perafán y la legitimidad de las autoridades indígenas que promovieron la solicitud.
Sin embargo, señaló que no se cumplió el segundo parámetro.
Según la resolución, la documentación presentada demuestra que la justicia indígena conoció un proceso relacionado con trece miembros de las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos durante las protestas, pero no existe evidencia de un procedimiento indígena contra Guido Perugachi por el presunto delito que actualmente investiga la Fiscalía.
“Para que opere la declinación de competencia se exige que el proceso en curso se siga contra la misma persona y por los mismos hechos”, sostuvo la jueza.
Fiscalía continuará con el proceso
Tras la decisión judicial, el fiscal Washington Bolívar Burbano anunció que solicitará una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos.
La Fiscalía argumentó que la investigación se centra en la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones de 2025, hechos que, según su criterio, trascienden el ámbito de una comunidad específica y afectan intereses del Estado.
“Dentro de las actas no se ha hecho constar ese hecho ni se ha abierto un procedimiento por la paralización de los servicios públicos de 2025”, manifestó el fiscal.
Además, sostuvo que el delito investigado forma parte de las infracciones contra la estructura del Estado y la prestación de servicios esenciales.
Comunidades indígenas defendieron su jurisdicción
Durante la audiencia intervino la presidenta de la Unorcac, Martha Túquerres, quien defendió el pedido de las organizaciones indígenas y afirmó que no se buscaba otorgar privilegios al dirigente, sino respetar el derecho colectivo de las comunidades a ejercer su propia jurisdicción.
“No buscamos encarcelar; lo que busca la justicia indígena es sanar, reparar, restablecer la convivencia y reintegrar a las personas a las comunidades”, expresó.
La dirigente sostuvo que la justicia indígena se ejerce de manera colectiva y que su finalidad principal es la reparación y la armonía comunitaria.
Por su parte, la defensa de Perugachi, encabezada por el abogado Luis Ávila, argumentó que, en caso de duda sobre la jurisdicción competente, debía prevalecer la autonomía de la justicia indígena y el principio de mínima intervención de la justicia ordinaria.
Otras instituciones respaldaron la continuidad del proceso
Representantes del Ministerio de Transporte e Infraestructura y del Ministerio de Educación también respaldaron que la causa continúe en la justicia ordinaria.
Según expusieron durante la diligencia, las protestas de septiembre de 2025 provocaron afectaciones en la operación vial, la recaudación de peajes y la continuidad de las actividades educativas presenciales en varios sectores de Imbabura.
La investigación contra Guido Perugachi se relaciona con presuntas afectaciones a la infraestructura hídrica y otros servicios públicos durante las movilizaciones.
Con la decisión emitida por la Unidad Judicial de Ibarra, la Fiscalía queda habilitada para continuar con el proceso y solicitar el señalamiento de una nueva audiencia de formulación de cargos.
