La Fiscalía y la Policía Nacional realizaron 14 allanamientos en Cuenca este martes 27 de octubre, como parte de una investigación por posibles irregularidades en contratos públicos vinculados al Municipio y varias de sus empresas.
Las diligencias se extendieron a dependencias municipales y domicilios de exfuncionarios, donde los investigadores buscaron documentos, computadoras y otros elementos que permitan esclarecer cómo se habrían desarrollado determinados procesos de contratación.
De acuerdo con información preliminar publicada por medios nacionales, la investigación analiza movimientos económicos que alcanzarían los 11 millones de dólares. Entre las personas mencionadas figura el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, quien se encontraría en México.
¿Qué entidades municipales están involucradas?
Los allanamientos se ejecutaron en distintas dependencias, entre ellas la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP), ETAPA EP, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (Corpac) y áreas administrativas del Municipio. La investigación también abarca contratos relacionados con la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP).
Las autoridades buscan reunir indicios que permitan determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos y establecer quiénes habrían participado en los procedimientos investigados.
Asesores y exfuncionarios aparecen entre los señalados
En la información difundida sobre el caso constan nombres como Pablo Albornoz Vintimilla, relacionado con asesorías en obra civil; Marlon Torres Chamorro, vinculado a la organización de eventos artísticos; y Christian Carangui Bravo, quien se desempeñó como coordinador de Fortalecimiento Urbano y Rural del Municipio.
Según los reportes preliminares, los investigadores buscan establecer las funciones que habría cumplido cada persona dentro de la presunta estructura. La inclusión de estos nombres en la investigación no significa que exista una declaración judicial de culpabilidad.
¿Cómo habría operado el presunto esquema?
Uno de los puntos bajo revisión es la posible exigencia de porcentajes sobre los valores de contratos públicos adjudicados. Las primeras versiones periodísticas señalan que estos cobros podrían representar entre el 10 % y el 20 % del monto de determinados contratos.
También se examinarían movimientos financieros y posibles diferencias entre los ingresos declarados y el patrimonio de algunas de las personas investigadas. Estos elementos deberán ser contrastados por las autoridades durante el proceso.
Municipio asegura que continuará con sus actividades
Después de los allanamientos, la alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, calificó lo ocurrido como lamentable y se refirió a los exfuncionarios que estarían relacionados con el caso.
Mientras avanzan las diligencias, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales y avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.
Por ahora, la investigación continúa en fase preliminar y las presuntas irregularidades deberán ser demostradas ante la justicia. Las personas mencionadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.