Tribunal autoriza a Trump reanudar deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos
Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados en todo el territorio nacional, una política que amplía significativamente las facultades de las autoridades migratorias.
La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que concluyó que la extensión de este procedimiento no vulnera los derechos de los inmigrantes afectados.
La medida permite al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aplicar el mecanismo conocido como “expulsión acelerada” a personas que no puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante al menos dos años continuos.
Este procedimiento, utilizado tradicionalmente para migrantes detenidos cerca de la frontera sur, posibilita la deportación sin que los afectados comparezcan ante un juez de inmigración para presentar su caso.
Expansión de la política migratoria
Poco después de iniciar su segundo mandato, Donald Trump ordenó ampliar el alcance de las deportaciones aceleradas para que pudieran ejecutarse en cualquier estado del país y no únicamente en zonas fronterizas.
Con esta disposición, los agentes de ICE están facultados para detener y deportar a inmigrantes indocumentados localizados en ciudades y regiones alejadas de la frontera con México, siempre que no puedan acreditar el tiempo mínimo de permanencia exigido por la normativa.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Justin R. Walker, designado por Trump, y contó con el respaldo de la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario estadounidense.
“La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia directriz de política escrita es ilegal”, señaló Walker en el fallo.
Debate sobre derechos migratorios
La decisión judicial representa una victoria para la administración Trump en materia migratoria y reaviva el debate sobre el alcance de las facultades del Gobierno federal para ejecutar deportaciones sin intervención judicial previa.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado este tipo de procedimientos por considerar que limitan las garantías legales de las personas sujetas a expulsión. Sin embargo, la corte determinó que la política puede mantenerse vigente mientras continúan las discusiones legales sobre su aplicación.
La resolución abre la puerta para que las autoridades migratorias retomen de inmediato este mecanismo en todo el territorio estadounidense.
